- El "OBSERVATORI DEL SISTEMA PENAL I ELS DRETS HUMANS de la Universitat
de Barcelona (UB)". queremos manifestar que:
1.- Consideramos totalmente des proporcionada (desde un punto de vista jurídico penal) la decisión de encarlerar a los cuatro jóvenes detenidos en Valencia el pasado 15 de octubre.
2.- No parece adecuado a las normas penales la imputación de
un delito de "asociación ilícita" (no se sabe
ni de qué asociación se habla), y menos aún la
aplicación de tipos penales incluídos entre los delitos de terrorismo,
ya que, tan solo se fundamentan en indicios indeterminados deducidos de los
informes policiales.
La incorporación de tales conceptos evidencia una ambiguedad que nunca puede fundamentar jurídicamente una medida tan restrictiva como es la prisión.
3.- Esta desproporción en la calificación jurídica de los hechos responde a criterios de prevención especial y general negativa (escarmiento e intimidación de la ciudadanía), y se enmarca en las políticas criminales de la "emergencia" y la "excepcionalidad" con las que los poderes públicos intentan encauzar la conflictividad social.
4.- Los citados informes policialés suponen una nueva manifestación del permanente acoso y criminalización de los movimientos y expresiones sociales que muestran su desacuerdo con el modelo único de pensamiento y de sociedad civil y política que pretende imponerse. Concretamente en Valencia, como en otros lugares del Estado español, la Brigada de Información de la Policía Nacional ha realizado informes anteriores sobre la actividad de los movimientos sociales locales, claramente criminalizadores.
5.- Reiteradamente, se descalifica y se sitúa "bajo sospecha" a col.lectivos sociales (especialmente de jóvenes) que muestran su rechazo a un modelo político, social, cultural y económico con el que no se sienten identificados, y que sufren los efectos de la precarización del mercado laboral, la especulación inmobiliaria, la falta de espectativas, etc.
6.- Denunciamos el uso del sistema penal para la gestión de una problemáticas sociales de raíces muy profundas y complejas que -sin duda- deberían ser abordadas desde otras instancias de naturaleza muy distinta.
7.- Desgraciadamente, el Estado español ya presenta inquietantes signos de políticas criminales de "toleracia zero" y de la "emergencia penal", nefastamente conocidas en otras áreas en las que el descontento social es siempre criminalizado. Y, así, se contribuye a empequeñecer un sistema de libertades y por ello ha de ser cuestionado.
En Barcelona, a 30 de octubre de 2002.
Dr. lñaki Rivera Beiras (Director)
Sr. Juan Berasategi Lachén (Portavoz)