Montaje policial en Valencia

Euskadi no esta tan lejos como creíamos

Tras el desalojo del CSO “Malas Pulgas” en Valencia, cuatro okupas son acusados de causar destrozos en cuatro inmobiliarias y agredir al gerente de una de ellas. Los delitos de los que se les inculpa son agresión terrorista, lesiones, pertenencia a organización ilícita y daños a la propiedad, la pena que se pide va de 10 a 15 años. En los registros se incautaron revistas que alentaban a la subversión y a la violencia, así como pinchos y cadenas, prueba de la maldad de estos jóvenes. 

Cuatro terroristas van a pasar un largo periodo a la sombra, una buena razón para sentirse satisfecho, según los medios de desinformación del Estado. La mayor parte de la gente apenas se dará cuenta, tan acostumbrada está a tragar estas noticias, de él que esta vez sean cuatro valencianos y no cuatro vascos. Su nacionalidad no debería suponer una diferencia, y en esto si que estamos de acuerdo, sin embargo hay algo en lo que ha sucedido en Valencia que debería hacer recapacitar a muchos de los que se llaman disidentes. Y es que cuatro chavales de entre 18 y 24 años van a cumplir una condena política de 10 a 15 años, como escarmiento y amenaza para todos aquellos que desobedecen al Estado.

La particularidad del conflicto Vasco nos hace tomar a veces una posición de indiferencia o neutralidad hacia el tema. Los problemas de los vascos son de los vascos, y sin embargo ahora vemos la realidad de aquella frase que nos enseñaba que igual que miramos a otro lado cuando los aplastaban, estaremos solos cuando llegue nuestro turno.

No debemos extrañarnos si al igual que ilegalizan en Euskadi partidos políticos, gestoras pro-amnistia y colectivos juveniles radicales, ahora consideran delito la pertenencia a una asamblea de okupas. No es de extrañar que si allí cierran revistas a toca teja, se considere un agravante el tener revistas anarquistas o autónomas, que sin duda incitan igual a la disidencia ha la constitución. Si allí pueden aplicar a menores penas de adultos por terrorismo, hemos de ser conscientes que aquí vivimos bajo las mismas leyes y que terminaran cayendo sobre nosotros. Esto va mucho mas allá de la cuestión ETA sí o no, recordad a Eduardo Garcia.

Tras la reforma de la ley antiterrorista, se considera como terrorismo acciones de violencia callejera aunque no pongan en peligro la vida de personas. Atacar el mobiliario urbano puede ser un delito de terrorismo y lo es. También lo es el enaltecimiento o justificación por cualquier medio de expresión de los delitos de terrorismo o de los que hayan participado en su ejecución, por lo que muchos de los que escribimos en la web podemos ser acusados en cualquier momento. Si seguimos por este camino, dentro de poco también será delito leerlo.

Estas leyes no van dirigidas solo contra ETA, sino contra toda disidencia hacia la democracia constitucional española. Al igual que la represión en Valencia no va solo dirigida contra los okupas valencianos, sino contra todo el movimiento okupa y contra todo el movimiento anticapitalista. Mediante este escarmiento nos muestran nuestra vulnerabilidad y nos hacen saber que los próximos podemos ser nosotros.

Los cuatro de Valencia no son presos comunes, son presos políticos. Si alguien rompe una vidriera o le pega cuatro tortas a un tío una noche y le hace una brecha, no se va a enfrentar a quince años de condena. Ellos sí, por que lo hicieron con un móvil político, por que lo hicieron respondiendo a una agresión del Estado, defendiendo sus espacios políticos en los que vuelcan su creatividad y sus ganas de crear alternativas al sistema capitalista.

Si una asamblea mediante la que se gestiona un espacio político okupado, es una asociación ilícita terrorista, todas lo son. Todos somos reos. Y debemos empezar a actuar en consecuencia.