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| COMUNIDAD
VALENCIANA |
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Los okupas en prisión, a punto de quedar libres al negar la Audiencia Nacional el delito de terrorismo
Las acusaciones de daños, lesiones y desórdenes públicos no prevén la cárcel preventiva
Los
tres okupas encarcelados por terrorismo en Picassent tienen un pie en la
calle. La decisión de la Audiencia Nacional de devolver a Valencia el sumario
al no ver indicios de terrorismo provocará su liberación, según fuentes del
caso, al no poder aplicarse la prisión preventiva por daños, lesiones y desórdenes
públicos.
A. CHECA (VALENCIA) No
hay indicios de un delito de terrorismo y apología de la violencia en la
actuación de los tres okupas que permanecen encarcelados desde hace cinco
meses en la prisión de Picassent. Ésta es, según fuentes del caso, la decisión
que ha alcanzado la Audiencia Nacional en un auto en el que acuerda devolver
el sumario al juzgado número 2 de Valencia, encargado de la instrucción.
El
juez Francisco De Jorge decidió inhibirse en favor de la Audiencia Nacional
al apreciar un delito de terrorismo y ser éste el órgano competente en la
materia. Sin embargo, el juzgado central estima que no hay pruebas para mantener
esa acusación, por lo que el magistrado valenciano será el encargado ahora
de continuar adelante con la investigación.
De esta forma, la
instrucción contra los tres okupas encarcelados y un cuarto en libertad sólo
podrá seguirse ahora por las presuntas acusaciones de asociación ilícita,
daños, lesiones y desórdenes públicos.
Las citadas fuentes del
caso consultadas por LAS PROVINCIAS señalaron que la desaparición del delito
de terrorismo deja "con un pie en la calle'' a los tres jóvenes que todavía
permanecen en la cárcel de Picassent.
Penas inferiores
Y es
que, la asociación ilícita, daños, lesiones y desórdenes públicos de los
que se acusa a los okupas por el asalto de dos inmobiliarias del Marítimo
a finales de 2002, "en principio no acepta la prisión preventiva'' como medida
cautelar, al tener una pena de privación de libertad muy inferior a la prevista
para terrorismo.
No obstante, independientemente de la condena
prevista para estos delitos, el juez puede prorrogar la prisión al tener
en cuenta aspectos como "los antecedentes de los imputados, las circunstancias
del hecho, la alarma social que su comisión haya producido o la frecuencia
con que se cometan hechos análogos'', según la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
De
hecho, "la alarma social y la gravedad de los hechos que se les imputan''
fueron dos de los argumentos del titular del juzgado de instrucción número
2 de Valencia para mantener a los tres okupas en Picassent, medida confirmada
en enero por la Audiencia Provincial. Sin embargo, la situación ha cambiado
ahora "radicalmente'', según las fuentes, con el rechazo de la Audiencia
Nacional de asumir el sumario.
A la espera del auto
El auto
de Madrid todavía no ha sido remitido a Valencia, un trámite que se producirá
"a comienzos de la semana que viene''. En cuanto el documento llegue a manos
del juez De Jorge, los letrados que defienden a los jóvenes en prisión solicitarán
su inmediata puesta en libertad.
El cuarto encarcelado tras los
disturbios en las inmobiliarias del Marítimo salió de la cárcel en octubre
de 2002 tras el pago de una fianza, aunque el magistrado sigue manteniendo
contra él las imputaciones de asociación ilícita y desórdenes públicos.
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